Venezuela.- Los venezolanos acudirán el domingo a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional en unos comicios boicoteados por las principales fuerzas opositoras y cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, que han advertido que la consulta no ayudará a resolver la compleja crisis que golpea a la nación sudamericana.
El oficialismo figura como favorito para vencer en las elecciones, retomar el control del Congreso que perdió en 2015 y consolidar así el control de todos los poderes del Estado y fortalecer su modelo hegemónico.
A continuación un vistazo a las acciones de las instituciones controladas por el gobierno de Nicolás Maduro en los meses previos a la votación, los cuestionamientos de la oposición y de la comunidad internacional y las implicaciones que traerá el proceso electoral.
¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA VOTACIÓN?
Luego de meses de conversaciones entre el oficialismo y la oposición para definir por consenso los candidatos para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -que sería electo en la Asamblea Nacional como lo prevé la constitución- el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, sorprendió en junio al declarar que el Congreso, de mayoría opositora, incurrió en una omisión legislativa y nombró a la dirección del Poder Electoral, que quedó integrada por exjueces, funcionarios vinculados al oficialismo y personas cercanas a grupos disidentes de la oposición.
Entre sus primeras medidas el nuevo CNE convocó las elecciones legislativas para el 6 de diciembre.
¿QUÉ ACCIONES Y CAMBIOS ELECTORALES SE DIERON EN EL CAMINO?
El Tribunal Supremo de Justicia intervino a mediados de año Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas opositoras, y pasó el control de esas organizaciones a disidentes opositores que han sido señalados de tener vínculos con el gobierno. Los nuevos titulares de los partidos inscribieron candidatos con las tarjetas, logos y colores de los tres partidos, lo que fue considerado una maniobra para confundir al electorado opositor.
Asimismo, el nuevo CNE aumentó de 167 a 277 la cantidad de diputados y modificó el proceso de selección de los diputados indígenas que a partir de ahora serán elegidos a mano alzada en asambleas en las comunidades aborígenes, lo que según juristas y activistas vulnera el principio constitucional del voto libre, universal, directo y secreto.
